Cupon Latino Cupones de descuento en negocios latinos
Dicen que la política es una espiral que se repite una y otra vez. Y para la muestra, el espejo de 1990, cuando se creó la posibilidad de inscribir candidatos por fuera de los partidos tradicionales, en un entorno similar al de hoy. ¿Por qué?
A principios de los noventa, el país sufría graves problemas de orden público, y venía de una ola de asesinatos como los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda o Carlos Pizarro Leongómez.
El gobierno de Virgilio Barco empezó un proceso de paz y desmovilización con varios actores insurgentes que terminó en el desarme del Movimiento M-19 y posteriormente en el del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Quintín Lame.
Su salida de la lucha armada significó una nueva reconfiguración del poder y del acceso a la representación política.
Varios movimientos sociales y estudiantiles promovieron la creación de una Asamblea Constituyente que le diera respuesta a los desafíos sobre derechos fundamentales, pero también para asegurar la mediana paz que se había alcanzado.
Con un ingrediente adicional: esa Asamblea Constituyente creó la Constitución de 1991 que, entre muchas otras cosas, dio vía libre a la inscripción por firmas, una posibilidad que 27 años después, es la fórmula que hoy utilizan más candidatos a la Presidencia.
¿La historia le suena familiar?
En 2018 se vuelven a realizar elecciones presidenciales y el país se enfrenta, como en ese tiempo, a una nueva configuración política.
Superado el proceso de paz con las Farc y con uno más en pausa con el Eln, por primera vez el Congreso de la República acogerá como miembros de Cámara y Senado a exintegrantes de las Farc. Y también por primera vez el número de candidatos inscritos por firmas y que aspiran a la Presidencia superó a los que tenían aval de los partidos.
Antes de 1991 varios movimientos sociales y grupos de ciudadanos se inscribían bajo este mecanismo de participación, pero no fue sino hasta el nacimiento de la Constitución de ese año cuando se le dio una estructura.
Un bipartidismo que se acaba
Los partidos Liberal y Conservador dominaron la escena política colombiana desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX. Su caudal electoral los hacía protagonistas electorales y eran las únicas plataformas para quienes aspiraban a cargos de elección popular.
El exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez recuerda, además, que no existía la personería jurídica y para que una persona fuera candidata se necesitaba de muy pocos requisitos que, sin embargo, siempre estaban atados a los dos partidos tradicionales.
“Era muy sencillo. Si alguien aspiraba a la Presidencia antes de 1991 solo se necesitaba que dos personas lo inscribieran frente a lo que en ese momento era la Corte Electoral y una Registraduría muy distinta a la de hoy. Esas dos personas debían, bajo la gravedad del juramento, asegurar que ese candidato pertenecía a un partido determinado que podía ser tradicional o ‘nuevo’”, explica Sánchez.
Pero presentar aspirantes ‘no oficiales’ fue un remedio poco efectivo. Colombia seguía dividida y repartida entre las dos fuerzas electorales y la llegada del Frente Nacional acrecentó esa situación.
Desmontar ese sistema fue difícil y en los años posteriores, aunque no hubo alternancia de partidos que asumieran la Presidencia, una reforma constitucional de 1986 definió en su artículo 41 que la colectividad que no ganara ese cargo se quedaría con la mitad de los cargos del poder ejecutivo.
El convulsionado momento que vivía Colombia a principios de los años 90 dio pie para que el país comenzara a hablar de multiculturalidad, acceso al poder, mejores y mayores derechos, etc. Y la Constitución de 1991, desde el artículo 107 al 111, estableció la participación democrática y la conformación de los partidos y movimientos políticos.
“Había una fuerte coincidencia entre la ciudadanía de que el país ya no era solamente liberal y conservador y de que se les habían negado vocaciones políticas a muchas personas y movimientos por ese esquema bipartidista. Por ello todo el movimiento para la Asamblea Constituyente permitió que se empezaran a eliminar las barreras de acceso a la representación», explica Alejandra Barrios, entonces integrante del movimiento estudiantil que llevó a votación la conformación de la Asamblea Constituyente.
Es una estrategia permitida por la ley electoral que posibilita a muchos candidatos para tener algunas ventajas sobre los partidos. Pero no quiere decir que esos aspirantes sean independientes
Barrios, ahora directora de la Misión de Observación Electoral, afirma que a partir del debate sobre derechos que se dio en ese momento, la Asamblea empezó a debatir “cuál era el mecanismo para tener una representación más amplia en el Congreso de la República”.
“Así se concretó este reconocimiento de otros movimientos políticos y se estableció que todos los ciudadanos tenían derecho a fundar partidos políticos y que los movimientos sociales y grupos significativos podían inscribir candidatos”, precisa Barrios.
El 9 de diciembre de 1990 se llevó por primera vez a la práctica la inscripción por firmas. Justamente la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente fue el escenario en el que todos los partidos y movimientos pudieron proponer sus candidatos.
“Una Asamblea con 116 listas, 788 aspirantes y un poco más de 14 millones de sufragantes potenciales para elegir a 70 constituyentes. Ni hace 104 años, cuando se redactó la Constitución vigente, se llegó a vivir una dinámica social similar” escribió la periodista María Cristina Caballero en la portada de EL TIEMPO de esa fecha.
Nuevos actores
Personajes poco conocidos en la vida política se han convertido en nuevos protagonistas, a partir de la inscripción de firmas, y no solo en los últimos años.
Por ejemplo, antes de ser presidente, Álvaro Uribe Vélez siempre militó en el partido Liberal y con esa colectividad ocupó puestos en el Senado, en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia. Pero fue uno de los primeros en aspirar por firmas a la Presidencia de la República.
Uribe, con su movimiento Primero Colombia, pasó de ser un aspirante con apenas el 2 por ciento de la intención de voto a ser el más votado de la elección (5.862.655 votos) del 2002 y a convertirse en el primer presidente en ganar las elecciones en primera vuelta desde que se instauró la medida, en la Constitución de 1991.
Otros que también han usado este mecanismo han sido el actual alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con 130 mil firmas para su inscripción por el movimiento cívico Lógica, Ética y Estética; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que obtuvo 246.221 votos con el movimiento Creemos, y también el suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, cuyo movimiento Primero la gente llegó a 125.00 votos.
En los comicios regionales ya se hizo evidente la explosión de candidatos respaldados por firmas pues pasaron de 250 en las elecciones de 2011 a 524 en las de 2015.
“Una de las posibles razones de este crecimiento puede ser que el camino en los partidos para obtener un aval se esté volviendo cada día más complicado y esto haga que las personas busquen una opción diferente”, dijo Alfonso Portela, registrador delegado para temas electorales en ese momento.
Emiliano Rivera, entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que muchos candidatos habían aprovechado los vacíos que tiene la ley para aspirantes por firmas, lo cual los beneficia.
En efecto, en 27 años de Constitución, la inscripción por firmas ha sufrido pocas transformaciones y su regulación no es tan estricta como la que tienen los partidos tradicionales porque se suponía que quienes aspiraran a presentar una candidatura por firmas estaban en desventaja.
Reglas laxas
La primera reglamentación de este mecanismo fue promulgada tres años después de la Constituyente y dos meses antes de las elecciones presidenciales: la ley 30 de 1994 determinaba que para que un partido tuviera personería jurídica bastaba con obtener 50 mil votos en Senado o Cámara o recoger su equivalente en firmas.
Los grupos de ciudadanos y movimientos también podían postular candidatos si cumplían con la presentación de las 50 mil firmas y una póliza de seriedad cuyo monto “no podía ser mayor al 1 por ciento del total de fondos destinados para financiar a los partidos en esa elección”.
Luego, en la reforma política de 2003, hubo otro cambio: la personería jurídica solo se mantendría si el movimiento o partido obtenía el 2 por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones de Cámara y Senado.
También se necesita que el candidato cumpla con el 3 por ciento de las firmas del número de la votación total de las últimas elecciones presidenciales. Para esa época (2003) era de 386 mil rúbricas.
Además, se estableció que dichas campañas también serían financiadas por el Estado y contarían con reposición de votos.
En efecto, en 27 años de Constitución, la inscripción por firmas ha sufrido pocas transformaciones y su regulación no es tan estricta como la que tienen los partidos tradicionales
En 2011, la ley 1475 dio otro avance. Estableció una reglamentación más precisa sobre la organización de los partidos, de las consultas internas, las sanciones, la financiación y la inscripción de candidatos.
“Tenía mucho sentido que el debilitamiento de los partidos diera paso a que los candidatos encontraran en el apoyo por firmas un atajo, pero no para incumplir con la ley electoral. No hay regulación de los topes, ni las reglas de quién puede financiar, no hay restricción sobre si un movimiento puede o no hacer alianzas con partidos políticos, no se entrega información en línea y menos una responsabilidad sobre una colectividad cuando existan casos de corrupción”, apunta Barrios.
Laura Wills, directora del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y codirectora de Congreso Visible, es menos radical, aunque apunta que la esencia del apoyo por firmas podría estar cambiando.
“Esta es una estrategia permitida por la ley electoral que les posibilita a muchos candidatos a cargos de elección popular tener algunas ventajas sobre los partidos. Pero no quiere decir que esos aspirantes sean lo que dicen ser, sean candidatos independientes, vengan sin las banderas de algún partido. Muchos arrastran a partidos políticos tradicionales de los que por alguna razón se quieren desmarcar”, apunta.
Ese escenario se ve justamente en esta elección presidencial. El aumento de candidatos por firmas fue tal que superó por primera vez el de los aspirantes con avales de partidos.
Según datos de la Registraduría Nacional se verificaron 16’154.288 firmas presentadas por once aspirantes, de los cuales ocho seguirán en la contienda y tres debieron abandonarla, porque no alcanzaron el mínimo de apoyos exigido por la ley.
Así, quedan aún en campaña Germán Vargas, Carlos Caicedo, Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez. Muchos de ellos, jefes naturales o figuras afines por muchos años a partidos como el Conservador, el Polo Democrático o Cambio Radical.
“No sé si vaya a haber una regulación, lo que hay que lograr y lo que se ha pretendido de un tiempo para acá es fortalecer los partidos políticos desde los cuales se haga política y no a través de movimientos ciudadanos”, afirma Wills.
Por ahora, no hay nada que permita endurecer la inscripción por firmas. Ni siquiera la fallida reforma política de 2017 pudo convencer a los congresistas de una mayor regulación electoral. Solo hasta el 27 de mayo sabremos si el próximo presidente de Colombia será el resultado de la ‘firmocracia’.
CINDY A. MORALES
Subeditora ELTIEMPO.COM
