El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio de Venezuela, José Luis Rodríguez, explica la sentencia publicada el pasado 29 de octubre, en la que se condenó a 18 años y tres meses de prisión a Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Rodríguez le aseguró a la Agencia Anadolu que su Tribunal, constituido en 2017 con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) y luego perseguido por el Ejecutivo, destituyó a Maduro de su cargo y, por tanto, considera que él usurpa la posición de presidente de Venezuela.

El juez resalta, además, que Odebrecht financió la campaña a la presidencia de 2013 del sucesor de Hugo Chávez y que su país tuvo un perjuicio de USD 35.000 millones debido a las asignaciones de dinero a obras inconclusas. El togado menciona que Maduro, al que se refiere como destituido presidente venezolano, recibió USD 35 millones en sobornos pagados por la constructora y le pide al jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que decline la invitación a Maduro para que asista a su posesión.

¿Por qué delitos se condenó a Nicolás Maduro?

“El juicio se cumplió en Bogotá, en la sede del Congreso. Se inició por la solicitud de antejuicio de mérito que hizo la fiscal general de la República, Luisa Ortega, por los delitos de legitimación de capitales y corrupción propia”.

 

¿En qué consisten estos dos delitos?

“La corrupción propia es un delito especial tipificado contra la corrupción en Venezuela y previene que en el manejo de los fondos públicos del Estado un funcionario haga un uso indebido de esos recursos. Cuando el funcionario desvía los objetivos para los cuales fueron creados esos fondos hay un delito de corrupción.

La legitimación de capitales también está regulada por una ley especial en la cual se prevé que el funcionario que utiliza dinero del Estado lo destine a otros fines en los cuales no pueda justificar el origen de los fondos y trate de introducirlos en el mercado nacional o internacional a través de la adquisición de bienes muebles o inmuebles”.

¿Estos delitos están relacionados con operaciones de Odebrecht en Venezuela?

“Nicolás Maduro giró unas órdenes de pago a la empresa Odebrecht. La empresa logró cobrar cuando sus obras ni siquiera habían sido iniciadas en Venezuela. Las pocas obras que se iniciaron tuvieron bajos porcentajes de ejecución. Por ejemplo el Puente Nigale, sobre el Lago de Maracaibo, se realizó de acuerdo con la experticia técnica en solo un 5%.

Igual sucedió con unas obras en el metro de Caracas que se iniciaron y quedaron abandonadas. Tal es el deterioro que hay actualmente que de acuerdo con el informe técnico presentado en la audiencia esas obras no pueden continuarse porque están deterioradas y oxidadas”.

 

¿Qué recursos comprometió Nicolás Maduro al incurrir en el delito de legitimación de capitales?

“Por la ejecución de todas esas obras que tuvimos la oportunidad de revisar, Nicolás Maduro ordenó el pago de más de USD 35.000 millones a través de funcionarios como ministros o el Instituto de Desarrollo Urbano (Inder), porque no trabajó solo en esa trama de corrupción a favor de Odebrecht.

Realizaban una serie de negociaciones con empresas intermediarias y cobraban las comisiones respectivas”.

¿Fue la cam»paña de Nicolás Maduro para 2013 financiada por Odebrecht?

“Sí, efectivamente. El señor Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela, en una audiencia oral y pública que se celebró el 6 de agosto en un auditorio de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, mediante un video y en una declaración traducida, afirma que Nicolás Maduro le exigió un pago de USD 50 millones para continuar con las obras que habían iniciado en Venezuela, y entonces él consintió financiar su campaña presidencial.

En esa prueba se constata que Odebrecht pagó USD 35 millones que fueron recibidos en la sede de la Cancillería a través de transferencias que se hicieron en varios pagos y mediante bancos suizos y de Antigua”.

 

¿Cuál fue la condena contra Nicolás Maduro?

“La pena principal es la corporal de prisión a 18 años y tres meses por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Pero estos delitos conllevan penas accesorias, de acuerdo a la legislación venezolana. En la ley contra la corrupción se prevé que se pague el 50% del monto recibido o el monto ofrecido por el acto de corrupción. Maduro había exigido USD 50 millones a Odebrecht y de allí se determinó la sanción por concepto de multa de USD 25 millones.

En lo que respecta al delito de legitimación de capitales, por toda la ejecución de los contratos que fueron pagados a Odebrecht esa multa se impuso en la cantidad de USD 35.000 millones porque él era el funcionario encargado del tesoro nacional. A Maduro se le impuso esta pena accesoria en resarcimiento al Estado venezolano”.

¿Maduro adquirió algún patrimonio a su nombre con los recursos de Odebrecht?

“Es ilógico pensar que un funcionario que va a ejecutar este tipo de acciones que constituyen delitos vaya a tener cuentas a su nombre con ingresos de millones de dólares. Maduro contaba con representantes y testaferros que son lo que tenían abiertas las cuentas en bancos de Antigua y Suiza, que era a quienes les llegaba el cobro de los millones de dólares”.

 

El fallo del tribunal incluye la destitución e inhabilidad política de Nicolás Maduro. ¿Para el Tribunal, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela?

“No, uno de los apartes del dispositivo de la sentencia es declarar la inhabilitación política de Maduro para ejercer cualquier cargo público. Cuando se admitió la solicitud de antejuicio de mérito, el 9 de abril del 2018, el Tribunal Supremo de Justicia remitió una copia de esa decisión a la Asamblea Nacional para que autorizara el enjuiciamiento a Nicolás Maduro.

Y en una sesión del martes 17 de abril, la Asamblea consideró que existía una presunción de que Maduro había incurrido en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, y autorizó al Tribunal a continuar el juicio penal. Desde ese momento, Nicolás Maduro ha dejado de ser el presidente de Venezuela porque en el país una vez que la AN autoriza a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para enjuiciar al presidente de la República, de manera inmediata se suspende del ejercicio del cargo.

Nosotros enviamos comunicaciones a la OEA, la ONU y al Grupo de Lima para que se produzca un desconocimiento inmediato tanto nacional como internacional de Maduro como presidente”.

 

¿Qué impacto tiene para Venezuela el vacío institucional declarado en la sentencia?

“Dentro de los efectos principales de la sentencia es que Venezuela no tiene presidente de la República. Hay una persona que está usurpando ese cargo. Mientras él permanezca en ese delito de usurpación de funciones va a brindar todo el apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente que está dirigida a respaldar sus decisiones. En Caracas hay además un Tribunal que está secuestrado por el Ejecutivo Nacional y está a su servicio como el brazo duro de la Presidencia.

Y por supuesto tiene a las Fuerzas Armadas, aunque nosotros sabemos que hay un gran componente de militares con una reserva moral, que son aquellas personas a las que les hacemos un llamado para que cumplan con la decisión que dictamos y ejecuten la orden de detención para recobrar el hilo democrático en Venezuela”.

¿Qué efecto tiene el pedido de incorporación en la lista de alerta roja de Interpol contra Maduro?

“El pasado 19 de noviembre el Tribunal Supremo de Justicia emitió un oficio al secretario general de la Interpol a los fines de que incorporara a Nicolás Maduro dentro de los ciudadanos con alerta roja y que se ordenara su detención. Es decir que una vez que la Interpol emite esa circular de alerta roja, Maduro podría ser detenido en cualquier sitio donde se encuentre”.

 

¿Cómo inició este juicio contra Nicolás Maduro y cuáles fueron las pruebas más importantes en él?

“La fiscal general, que representa al Ministerio Público en este caso, es la única que tiene la competencia exclusiva para solicitar un antejuicio de mérito al presidente de la República. La Fiscalía inició una investigación por hechos de corrupción que se llevaron a cabo entre 2014 y 2017, donde presuntamente Maduro se encontraba vinculado a delitos de corrupción y legitimación de capitales.

La fiscal recopiló documentos, entre los que se encontraban algunos que Euzenando Prazeres entregó a los fiscales del Ministerio Público, que incluían órdenes de pago firmadas por Nicolás Maduro para la ejecución de obras de infraestructura en Venezuela. Después de haberse iniciado la solicitud de antejuicio de mérito, la fiscal también logró comprobar las transferencias bancarias.

Uno de los puntos importantes de la sentencia es que se ordena la activación de la Convención de Palermo, que es la convención internacional contra la delincuencia organizada y que establece el delito de lavado de dinero o activos, que para nosotros es la legitimación de capitales.

 

Hay una gran cantidad de pruebas. La Fiscalía presentó el escrito de acusación en 372 folios, pero las 18 piezas o anexos consignados tienen más de 7.000 folios. Esos documentos fueron revisados para que al momento de dictar la decisión el Tribunal tuviera plena prueba de los delitos”.

¿Qué espera que pase con la sentencia que seguramente Maduro no acatará, es un fallo simbólico?

“No, hemos dictado una serie de sentencias que están sentando las bases jurídicas tanto para Venezuela como para los organismos internacionales. Estamos trabajando en que esa sentencia tenga un efecto interno y uno hacia lo externo, donde le estamos diciendo a los organismos internacionales que de acuerdo a la Constitución y a las leyes de Venezuela, esta es la institucionalidad que debe permanecer en Venezuela”.

¿Fueron perseguidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?

“El Tribunal Supremo de Justicia es uno solo. Fuimos elegidos por la Asamblea Nacional en un concurso público. El 21 de julio de 2017, en una sesión ordinaria la Asamblea Nacional en pleno, como único organismo público legítimo en Venezuela, se llevó a cabo el acto de juramento. Ese mismo día, Nicolás Maduro ordenó a la policía del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la aprehensión de los magistrados que nos estábamos juramentando.

Estuvimos en la clandestinidad y en la medida de las posibilidades logramos salir de Venezuela para evitar ser apresados por el Sebin y que nos torturaran, como le sucedió al magistrado Ángel Serpa, que fue detenido el día siguiente del juramento. A Serpa le cayeron a tiros a la camioneta donde se desplazaba y lo tuvieron bajo tratos crueles e inhumanos atado con unas esposas bajo una tubería de un lavamanos en un baño en la sede del Sebin.

 

Luego, cuando logramos salir de Venezuela, nos reunimos y tuvimos la oportunidad de crear y pensar un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque la gran mayoría de los magistrados nos encontrábamos fuera del territorio venezolano. Luis Almagro, secretario general de la OEA, nos brindó todo el apoyo y logramos que el Tribunal pudiera iniciar su acto de apertura de las actividades judiciales en la sede de la OEA. Eso sucedió el 13 de octubre de 2017 y desde ese momento ha venido funcionando”.

¿Cuál es la situación actual de los 33 magistrados, están todos en el exilio?

“De los 33 magistrados que fuimos designados se juramentaron 32, de los cuales tres están en Venezuela. Algunos, cuando salimos de territorio venezolano, decidieron apartarse del proyecto inicial que teníamos como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Actualmente trabajamos en el Tribunal 25 magistrados que conformamos la sala plena. Hay 13 magistrados en Estados Unidos, tres en Panamá, seis en Chile y ocho en Colombia, más los tres en Venezuela”.

¿Por qué se realizó el juicio en Colombia?

“Era imposible que nosotros estando en el exilio lográramos realizar un antejuicio de mérito y posteriormente un juicio penal contra Nicolás Maduro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Colombia nos prestó el apoyo y en conversaciones que tuvo el presidente del Tribunal con el presidente del Congreso colombiano se llegó a la idea de realizar el juicio en este país.

 

Además, a raíz de la persecución política que tuvo la fiscal general de la República, ella salió de Venezuela y se encuentra también domiciliada en Colombia. Se encontraban magistrados del Tribunal y la fiscal general en Colombia. Ella presentó la solicitud de antejuicio de mérito en Bogotá ante los magistrados en febrero de 2018 y se le dio el trámite correspondiente”.

El tribunal recomendó investigar al excandidato presidencial Henrique Capriles. ¿Existen presuntos vínculos de Odebrecht con Capriles?

“Lo que puedo decir es que dentro de las facultades que tiene el órgano jurisdiccional de la sala plena del TSJ se instó a la fiscal a iniciar investigaciones a una cantidad de personas que se encontraban mencionadas en el expediente y que pudieran estar relacionados o no con los delitos que fueron investigados en el caso de Nicolás Maduro”.

¿Por qué el TSJ le pidió a Andrés Manuel López Obrador que no invite a Maduro a su posesión?

“Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela y, con todo el respeto que merece el presidente López Obrador, no puede girar una invitación en calidad de jefe de Estado de una nación a una persona que fue destituida por delitos de corrupción y que también ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad”.