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El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, rendirá este lunes su tercer informe de Gobierno en una sesión solemne en el Congreso, en medio de una nueva crisis por su decisión de cesar anticipadamente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El jefe de Prensa del Congreso, Fernando Bolaños, afirmó a Efe que el mandatario tiene previsto presentarse al hemiciclo legislativo, aunque asintió que «la ley indica que si el presidente así lo desea, puede enviar su informe de labores» y no rendirlo de manera presencial.
Un perímetro de calles y avenidas cerca del Congreso será intervenido por fuerzas combinadas, entre la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la Guardia Presidencial y la Policía Municipal de Tránsito.
Aún no se cuentan detalles de la extensión y cantidad de elementos destinados a la protección del Palacio Legislativo.
Mientras el Parlamento se encuentre realizando la sesión, en la que juramentará a la nueva junta directiva que volverá a presidir Álvaro Arzú Escobar -el hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen- unas 60 organizaciones sociales, académicas, indígenas, artísticas, del sector de mujeres y demás tienen contemplado realizar una protesta de rechazo al Gobierno.
La manifestación ha sido llamada «Las estaciones del infierno», debido a que los indignados con el «desgobierno» Morales harán un «recorrido» por el Centro Histórico para pasar frente a las dependencias del Ministerio de Gobernación (Interior), al Congreso, al Palacio Nacional de la Cultura (despacho gubernamental) y la Casa Presidencial (oficina y vivienda del mandatario).
Colectivos como el de Justicia Ya, la Batucada del Pueblo o Usac es Pueblo, surgidos de las protestas anticorrupción de 2015, manifestarán también su apoyo a la Corte de Constitucionalidad por la resolución de suspender de manera provisional la salida de la Cicig dos días después del anuncio del presidente de dar por terminado el acuerdo con la ONU.
Dicha Corte, que es el máximo tribunal del país, fue objeto de proceso legal en su contra, cuando la Corte Suprema de Justicia avaló por mayoría (11 votos a 2) una solicitud de antejuicio (proceso de desafuero) a tres magistrados constitucionales por, supuestamente, haber «limitado» a Morales en la dirección de la política exterior.
Unos 2.000 manifestantes respaldaron este sábado al tribunal Constitucional y lamentaron que el Supremo haya dado trámite a una denuncia realizada por la Asociación de Dignatarios de la Nación, debido a que tres de sus miembros recibieron aportes monetarios en diciembre pasado por el Congreso, de mayoría aliada al oficialismo.
El convenio consta en que la Junta Directiva del Legislativo les apoya con alquiler de oficinas y con personal pagado, mientras que la Asociación le da «asesoría jurídica a todos los señores diputados que lo necesiten, de conformidad con la Junta Directiva del Congreso», explicó el presidente de la Asociación, Guillermo Pellecer, al diario local La Hora.
Así iniciará el último año de mandato de Morales y de la Octava Legislatura, a cuatro días de la convocatoria a elecciones por el Tribunal Supremo Electoral, cuando anuncie el día del mes de junio para la realización de los sufragios de primera vuelta y, en caso de ser necesario, de la segunda en el mes de agosto.
