Los campesinos le siguen apostando a la sustitución, a pesar de los retrasos de los pagos por parte del Estado. En este departamento reclaman legislación en materia de tierras y presencia efectiva y articulada del gobierno nacional.
Yesenia Montaño recuerda el 2007 como el año en el que tenía plátano y cacao. Estaba cultivando estos alimentos porque había salido de la coca, había sustituido. Aun así, desde el aire cayó glifosato. El plátano se murió y el cacao de enfermó. “Volvimos a sembrar”, dice refiriéndose a la mata de coca.
Hoy no se sienten muy lejos de esa situación que ocurrió hace poco más de 10 años. Nuevamente ella decidió creerle al Estado y hacer un acuerdo de sustitución de cultivos de coca, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Ella convenció a la gente de su vereda, Chilivisito (Tumaco, Nariño), para entrar al programa. Lo hizo, dice, buscando la tranquilidad de su comunidad, porque la coca les ha traído problemas. Sin embargo, el último pago que debía hacerles el Estado está retrasado cuatro meses, y ella se pregunta qué va a pasar.
Durante el evento Retos para encontrar alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito, organizado por Colombia2020, en asocio con la Unión Europea y con el apoyo de PNUD, Acnur y Fescol, Montaño expresó sus inquietudes y críticas sobre la falta de integralidad del gobierno y de los mensajes confusos que envía. “Hay familias que no le apostaron a la sustitución porque el gobierno ha sido mentiroso. Hemos propuesto que antes de la erradicación forzosa y las fumigaciones que han anunciado, esas personas tienen que convencerse de que esto funciona. Hay familias que quieren vincularse, pero el gobierno decidió que es mejor volver al 2007 cuando fumigaban con glifosato”, le dijo al auditorio y al resto de panelistas.
Conversaba con ella Daniel Ramírez, coordinador del PNIS en Tumaco, el municipio más afectado por los cultivos de uso ilícito. Este funcionario respondió a las preguntas de Montaño sobre los incumplimientos. “Los retrasos y las dificultades yo invitaría a que no fueran leídos como una sospecha de incumplimiento”, dijo Ramírez. También recalcó el mensaje del gobierno que dice que “lo pactado se cumple”, a pesar de que no se está cumpliendo, como denuncian los líderes y lideresas.
Ramírez dice que “no ha sido fácil” llegar a lugares donde históricamente ha habido un Estado ausente, como los resguardos indígenas, o al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Pero que han ido de la mano de la Gobernación de Nariño a explicar qué pasa. Esto para Yesenia Montaño y otros líderes no es suficiente. Explicar qué está pasando no soluciona los incumplimientos y menos el compromiso que ella, y otros, adquirieron al convencer a la comunidad de sustituir la coca.
Para Harold Ruiz, coordinador del PNIS en la Gobernación de Nariño, el camino no puede ser otro sino la sustitución. Por eso desde el departamento han enviado este mensaje y se han opuesto tajantemente a la erradicación forzosa y la fumigación con glifosato. En su experiencia acompañando a las familias que firmaron acuerdos, estos cultivos contribuyen al aumento de homicidios, suicidios y actores armados. En Nariño hay 14 actores grupos distintos y carteles mexicanos detrás de la coca, y “comunidades presas del chantaje, de la opresión de los armados”, dijo, esto sucede porque “nunca había habido un programa integral”.
Ruiz se refirió también a lo que para él es un problema de raíz: la tierra. “Hay una tierra a la que se le aplicó la reserva de dominio y una comunidad que la ha trabajado 10 años, pero vienen unos terceros a reclamarla y a provocar daños”, dijo.
“El tema de compra de la tierra no ha sido abordado. Las Farc se comprometieron a devolver un terreno ocupado en el Alto Mira y Frontera y no se ha avanzado. Eso significa que no hay integralidad en la política pública. El esfuerzo de Daniel (Ramírez) y su equipo es un esfuerzo solitario, solamente con ayuda de la Gobernación de Nariño, pero ninguna otra institución se hace presente”, dijo Ruiz, contando además que hay seis municipios, donde hay planes de sustitución de coca, en los que se cultiva amapola, un reflejo más de que no hay integralidad.
Catalina Niño, miembro de Fescol, estuvo de acuerdo con que uno de los grandes problemas del estado es la incapacidad de coordinar a las instituciones en torno a un mismo fin, “Llegan los PDET por un lado y los PNIS por otros, se hacen competencia. El trabajo tiene que ser integral”. Por esta razón debe haber un esfuerzo grande para “recuperar la confianza en el Estado, porque está absolutamente rota. En 27 años de programas de sustitución el Estado nunca ha cumplido integralmente a las familias”, dijo.
Durante este panel hubo un llamado para que el Congreso legisle sobre la Reforma Rural Integral, el punto 1 del Acuerdo de paz, y que lo haga para resolver “el gran problema de Colombia”, como dijo Ramírez, que es tener a los trabajadores de la tierra sin ella. Por último, Niño hizo un llamado para definir la tarea de la Fuerza Pública en las comunidades que sustituyen coca. “La Fuerza Pública debe enfocarse en combatir a estos grupos armados ilegales y otras instituciones del Estado se enfoquen con las comunidades”.
Mientras tanto, Yesenia Montaño y su comunidad siguen esperando respuestas.
Cupon Latino Cupones de descuento en negocios latinos
