«El 1° de diciembre vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, la comisión de investigación, y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y a la justicia», dijo López Obrador, tras una reunión con los desesperados padres.
En la reunión también participaron el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el ombudsman federal, Luis Raúl González, entre otros.
Para los padres de los estudiantes, la reunión con el próximo presidente representó «una luz de esperanza», aseguró María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, que tenía 20 años cuando desapareció.
«Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y hoy para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola», añadió parada a un lado de AMLO y portando una enorme fotografía de su hijo.
Con la voz quebrada, Epifanio Álvarez, mostró también una renovada confianza.
El futuro gobierno «sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos», dijo enfático el padre de Jorge Álvarez, que tenía 19 años en septiembre de 2014.
«Estamos esperando con ansia poder besarlos y abrazarlos y decir ‘¡Te quiero hijo!’, eso estamos esperando», concluyó sollozando.
Un tribunal del norteño estado de Tamaulipas ordenó la creación de una comisión de investigación para el caso de Iguala, pero fue apelada por la fiscalía y actualmente se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.
López Obrador dijo que pedirá «con todo respeto» al máximo tribunal que atienda la resolución, pero si para el 1 de diciembre no hay una sentencia favorable, entonces la creará por decreto.
La comisión estará integrada por «los padres de las víctimas, los organismos de derechos humanos que los han acompañado, los organismos internacionales y todas las áreas del gobierno federal», declaró Alejandro Encinas, futuro coordinador de esas pesquisas.
Por la tarde del miércoles, unas 4.000 personas marcharon del emblemático Monumento de la Independencia al Zócalo capitalino bajo una fuerte lluvia y coreando su conocido lema «vivos se los llevaron, vivos los queremos», constató la AFP.
Para Nelia Someillán, artista escénica de 66 años, el compromiso de López Obrador con los deudos suscita un ánimo «muy contradictorio» pues el dolor sigue presente, pero también hay esperanza por la noticia y la solidaridad que expresan los asistentes a la marcha.
Según la hipótesis oficial, denominada como la «verdad histórica» por Peña Nieto, los estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, sur) estaban en la cercana Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.
Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.
Sin embargo, Naciones Unidas, y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Equipo Argentino de Antropología Forense y equipos extranjeros de investigación independiente han rechazado tajantemente esta hipótesis