Cupon Latino Cupones de descuento en negocios latinos
La imagen es familiar ya, de tanto que se ha visto en la televisión en los últimos años. La luz blanca, la pared a cuadros al fondo y, en primer plano, Lula da Silva en apuros. Es el ángulo que dan las cámaras de la Sede de la Justicia Federal del Estado de Paraná cada vez que el expresidente más popular de Brasil se sienta a responder ante el juez por sus acusaciones de corrupción. Pero al repetirse esta tarde, tras los cruciales testimonios que Lula dio en mayo y septiembre de 2017, nada es ya lo mismo.
Lula está más delgado, seco e irritable: viene de la cárcel en la que entró por aquellas acusaciones. La primera vez, de hecho, que pone un pie fuera de la comisaría donde está encerrado (ya testificó desde ella el pasado junio). Y quien le pregunta ya no es el juez Sérgio Moro, su famoso rival, sino la sustituta de este, Gabriela Hardt. Moro ha colgado la toga para ser ministro de Justicia del nuevo Gobierno del presidente electo, Jair Bolsonaro. “Me siento que fui un trofeo de la investigación [de Moro] de Lava Jato”, gruñó el expresidente durante su declaración.
Era la primera vez que Lula estaba ante unas cámaras desde abril y se esperaba que aprovechase alguna respuesta para soltar algún comentario político. Y en un momento dado parecía estar criticando la gestión de Moro del Lava Jato: «No sé si voy a vivir lo suficiente para que se sepa la verdad porque a los 73 años la naturaleza es implacable. Pero le pido a Dios que en algún momento la historia de este país pueda colocar la verdad de lo que pasó en la Lava Jato, que podría haber sido una cosa hecha correctamente para atrapar al ladrón y, en mi caso, se tomó un desvío. Y espero que podamos demostrarlo», insistió. «No sé por qué nos les gusto, pero era un trofeo que necesitaban entregar. Se oía en la prensa: ‘Si Lula no va a la cárcel no vale’. Ya le dije a Sérgio Moro, la última vez que estuve aquí: ‘Siento decirle que no va a tener otra alternativa a condenarme».
Lula también se refirió al Gobierno del ultraderechista Bolsonaro. «No sé si están viendo cómo están montando el Gobierno ahora. Da la impresión de que no tienen ningún político, pero rarísimas excepciones, allí todo el mundo es político». Si era otro comentario sobre Moro, al que ahora se le acusa de haber estado motivado por la política cuando condenó a Lula a prisión, no fue explícito.
El expresidente iba a responder por un caso distinto al que le tiene entre rejas. Se le acusa de ser el dueño real de una finca en Atibaia, un municipio a las afueras de São Paulo, registrada a nombre de Fernando Bittar, hijo del exalcalde de una ciudad cercana, Campinas, quien es amigo de Lula. Según la acusación, la casa fue reformada por la constructora OAS, la cual luego se vio beneficiada con contratos de la petrolera estatal Petrobras. La misma petrolera era el centro neurálgico del lavado de dinero y de las malversaciones de fondos públicos que ocupan la investigación Lava Jato.
Según Lula, solo entró en contacto con la finca tras dejar la presidencia de Brasil (que ocupó entre 2003 y 2010). «El 12 de enero [de 2011] me contaron que Jacob Bittar [el exalcalde de Campinas] se había comprado un terreno [y me dijeron si] quería pasar un fin de semana ahí», contó. «Subí el día 15 y fui al sitio de Jacob Bittar, que en realidad era del hijo de Jacob Bittar». Sí se quedaba en el cuarto principal. «Una deferencia que recibía tanto en esa granja como en el palacio de la Reina de Inglaterra, el palacio de la Reina de Suecia y otros lugares que frecuentaba. Incluído el Kremlin. No sé qué ve de absurdo en eso el Ministerio Público».
Lula aún espera sentencia por otros cuatro procesos, aparte de este. Se le acusa de haber pactado con la constructora Odebretch la compra de un terreno para construir el Instituto Lula a cambio de mantener la cúpula directiva de Petrobras. También se le acusa de haber negociado con lobistas suecos la compra de unos cazas militares tras dejar la presidencia y de haber aceptado un soborno cuando era presidente para prorrogar unos beneficios fiscales al sector del automóvil. La última acusaciones hace referencia a unas obras que Odebretch consiguió en Angola supuestamente gracias a él.
