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Ante el Consejo de Estado se radicó una demanda por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y Temblores ONG contra el Decreto 1844 de 2018 “mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos”. Para estas organizaciones, este decreto desconoce las competencias del Congreso para regular el núcleo esencial de derechos fundamentales, lo cual debe hacerse mediante Ley Estatutaria, y crea nuevos procedimientos, que deberían expedirse a través de una ley debido a que modifica Código Nacional de Policía expedido por el Congreso.
“Es a los jueces penales a quienes les corresponde valorar si un ciudadano/a ha incurrido en un comportamiento delictivo, en este caso, si los consumidores portan una dosis superior a la mínima. Afecta a la independencia del poder judicial y el debido proceso que sea de competencia policial esta determinación, lo cual significa darle funciones judiciales a la policía.”, señalan los demandantes.
En la demanda, se plantean varias violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Una de esas violaciones tiene que ver con los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política como los son: el derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y presunción de inocencia, a la salud y al principio de presunción de buena fe.
“Dicha prohibición pone al habitante de calle en una situación de contravención constante y continua, y le expone a situaciones de vulnerabilidad, segregación y violencias. Además, la aplicación del decreto da herramientas a la policía para que pueda ejercer prácticas de perfilamiento y criminalización hacia esta población vulnerable”, se añade en la demanda.
Finalmente, esta demanda busca que se declare la nulidad del Decreto 1844 de 2018 por tres razones fundamentales: el desconocimiento de las normas en que debería fundarse este decreto, la expedición sin competencia (que debería ser del Congreso) y la falsa motivación para la expedición del mismo.
“Rechazamos el hecho que el Decreto implica destinar la mayor parte del cuerpo policial a la persecución del porte de drogas, desatendiendo otras realidades de violencia en las que la policía se necesita mucho más”, afirman los demandantes.
