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Con más de una decena de impedimentos, recusaciones contra varios representantes y una discusión que giró alrededor de si la propuesta generaba algún conflicto de intereses entre los congresistas que la votarían, este martes se aplazó nuevamente en la Comisión Primera de la Cámara la votación del proyecto que busca ponerles un tope máximo a los salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado, lo que significa, en plata blanca, que la iniciativa se queda sin oxígeno, los tiempos ya no dan para su aprobación y tendría que ser radicada otra vez en marzo próximo, en el segundo período de la Legislatura 2018-2019.
Ante esa discusión jurídica fue, precisamente, que la sesión se inició con la petición de Germán Navas Talero, del Polo Democrático, y Ángela María Robledo, de Colombia Humana, para que el Gobierno Nacional retirara el proyecto y se hicieran las correcciones necesarias para que los congresistas no adujeran que había conflicto de intereses. “¿Por qué lo presentaron si iba a haber una recusación masiva? ¿Por qué se trae acá y estalla como una bomba? ¿Por qué no se retira el proyecto y se generan las condiciones para su votación? (…) Nunca me había dolido tanto un impedimento como el de hoy”, señaló Robledo.
En ese mismo sentido, el representante Navas Talero criticó que la iniciativa no hubiese tenido la rigurosidad jurídica requerida para evitar esa situación y aseguró que lo más precedente era fijar un tope, mas no una reducción de los salarios. “El patrono está obligado a mantener salario, no a subirlos, salvo el salario mínimo. Lo que he sostenido es que en vez de que les bajen se les ponga un tope a todos, que no pueda subir de donde está. De esa manera se congela a todos durante los cuatro años siguientes”, explicó.
Una línea similar a la de Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien expuso los argumentos de un estudio jurídico en el que se consigna que sí existe un interés directo, particular y actual sobre la reducción de los salarios y que, por tanto, el Consejo de Estado podía, posteriormente, quitarle la investidura a cualquier congresista que participara en los debates. “Si ese acto legislativo contemplara que la decisión afecta a los funcionarios a partir de 2022, no habría problema. Pero hoy afecta a los que están en el Congreso y cualquiera podría demandar”, dijo Rodríguez.
“Es evidente que, por sustracción de materia, no hay con quién votar. El proyecto ya no tiene tiempos. Seguramente volverá a estar en el orden del día, pero no se aprobará (…) el Congreso queda muy mal. Tenemos una imagen desfavorable del 76 % y lo mínimo que debemos hacer es responder a las demandas ciudadanas, cuando la mitad de la población gana menos de un salario mínimo. Es una mala noticia para la legitimidad del Congreso”, enfatizó, por su parte, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, una de las pocas que no se declaró impedida, lo que le iba a traer problemas con las recusaciones que, finalmente, fueron retiradas.
A pesar del evidente naufragio de uno de los proyectos que fue concertado en la Mesa Técnica Anticorrupción, que además implementaba el primer punto de la consulta anticorrupción que se realizó el pasado 26 de agosto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insistió en el interés del gobierno del presidente Iván Duque en apoyar el paquete legislativo y aseguró que esta semana espera traer el mensaje de urgencia para que estas iniciativas tengan prioridad en el orden del día. La funcionaria reiteró que no se podía retirar este ni otros proyectos, como se había pedido, toda vez que la autoría no era exclusiva del Ejecutivo, sino que tenía participación de una gran mayoría de los partidos con asiento en el Capitolio.
Además, negó que el proyecto se hundiera por falta de tiempos, pues, según los cálculos, si se hubiese aprobado este martes, se hubiese discutido en plenaria de Cámara el 15 de noviembre y llegaría el 1° de diciembre a debate en Comisión Primera del Senado, en donde tendría uno o dos días de discusión y aprobación, y lograría llegar antes del 16 de diciembre a la plenaria de esa corporación.
En todo caso, la jefa de la cartera política reveló que desde su despacho se contrató al constitucionalista Juan Manuel Charry para que enviara un concepto jurídico sobre si la discusión y votación de esta iniciativa generaban algún tipo de conflicto de interés. La conclusión principal, se leyó en la sesión, fue que este debate sí generaba dicho motivo de impedimento al tratarse del salario propio de estos funcionarios y que los congresistas tenían la obligación constitucional de declararse impedidos “cuando existe interés directo en la decisión que los afecte de alguna manera, bien sea en beneficio o en perjuicio”.
Ya sin oxígeno, el debate sigue alrededor de los impedimentos, pues otras voces dentro del Legislativo no entendían los motivos si iniciativas parecidas se habían votado anteriormente en el Senado por lo menos tres veces.
