Hubo genocidio contra la etnia Ixil en Guatemala. Pero nadie lo cometió

Los crímenes cometidos contra la etnia maya ixil en Guatemala han sido comprobados. En 1999 un informe elaborado por la Comisión para el Establecimiento HIstórico (CEH) y apoyado por la ONU afirmó que «la guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla en Guatemala se saldó con más de 200.000 muertos, la mayoría –un 83%– eran indígenas mayas que se vieron envueltos en una serie de torturas sistemáticas que formaban parte de un plan organizado desde el ejército para acabar con su etnia y así apoderarse de sus tierras.

Agrega que tras la toma del poder en un golpe de Estado en 1982 por el general José Efraín Ríos Montt, la violencia se hizo más brutal: 1.771 indígenas fueron asesinados entre 1982 y 1983.

Un tribunal de Guatemala también lo confirmó años después: «En Guatemala hubo genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de la etnia maya ixil, ubicada en el norte del país, en los años más cruentos del conflicto armado (1960-1996) entre la guerrilla y el Ejército».

Y este jueves, por segunda vez, un Tribunal de Mayor Riesgo comprobó que las masacres, los vejámenes, las torturas, las violaciones, el desplazamiento y la desaparición forzada perpetrados por las Fuerzas Armadas en contra de la población civil indefensa se enmarcaron en la intencionalidad de desaparecer a un grupo.

La conclusión fue: hubo genocidio, pero nadie lo cometió, según certificó el Tribunal de Mayor Riesgo B, en una decisión dividida (2 a 1) a la que llegó el miércoles 26 de septiembre.

Sin acusados 

En ese mismo fallo resolvió que el único acusado -luego de que los miembros del alto mando fallecieran uno a uno en su vejez-, el exjefe de Inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, solo fue un «asesor» y los planes realizados no fueron específicos en contra de los ixiles.

El silencio caló hondo en la Mega Sala del Tribunal. Pasadas las 22.00 hora local de ayer (04.00 GMT de hoy), el público asistente a la sentencia, entre defensores de derechos humanos, familiares y víctimas de las atrocidades, se quedaron estupefactos.

No imaginaron que, luego de haber escuchado en boca de una de las juezas la recapitulación de los horrores, de las quemas del maíz y las aldeas, de los vientres perpetrados y los neo natos azotados a las piedras, el general retirado fuera declarado «inocente de todos los cargos».

Una de las sobrevivientes, Ana de León López, dijo que le había dado «tristeza» que las autoridades no hayan respetado su voz, pues vinieron a la capital sin dinero, contaron todo lo que vivieron y eso no fue tomado en cuenta.

«Aguantamos hambre, sed, frío, sin ropa ni sal ni comida, nuestros hijos se murieron de hambre, los ancianos y las mujeres embarazadas y todo eso las autoridades no lo vieron porque somos pobres, en cambio ellos, siendo ricos, sí son importantes», comentó entre llantos.

Los ixiles que asistieron a escuchar la sentencia se agruparon cerca del sitio donde Rodríguez aguardaba que el área se despejara para salir, libre de culpa, hacia su hogar para dedicarse a sus «nietas y a la vejez».

Reconoció, sin embargo, el impacto que le causó haber escuchado los testimonios de las víctimas y aceptó lo complejo que era para el Ejército enfrentar a una guerrilla «que tenía una base social muy fuerte», pero que «no nos tiraba flores, sino balas», por lo que «había que combatir y evitar que nos llevaran a un Estado totalitario».

Pero la desproporción fue tal que bajo la premisa de «quitarle el agua al pez» y la política de «tierra arrasada», el Ejército intentó eliminar a los ixiles por considerarlos base social del Ejército Guerrillero de los Pobres, uno de los cuatro flancos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

El interrogante de los culpables

El caso de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad comenzó en 2011 con la captura de Rodríguez y el señalamiento al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien entonces era diputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco y gozaba de fuero.

Cuando culminó su período, en enero de 2012, se inició un proceso que culminó en mayo de 2013 con la sentencia condenatoria por los delitos mencionados en contra de Ríos Montt, pero igualmente absolutoria contra Rodríguez.

La algarabía dentro de la Sala de Vistas del Organismo Judicial había traspasado los muros de la Justicia penal y se trasladó hacia la calle, donde las mujeres ixiles fueron recibidas con música y claveles rojos.

Guatemala centraba las miradas del mundo, que veía cómo un tribunal local había condenado por genocidio a un expresidente de facto. Pero la función no había terminado, pues una semana y media después la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y ordenó repetir el proceso que, tras múltiples retrasos, consiguió comenzar de nuevo en octubre de 2017.

El estado de salud de Ríos Montt orilló al Tribunal a realizar el juicio a puerta cerrada, luego de que el acusado fuera declarado interdicto, y a dividir las audiencias de los dos acusados.

Hasta que el fallecimiento del expresidente de facto en abril dejó como único interesado a Rodríguez, que este miércoles volvió a casa, solo con el trago amargo, según admitió, de saber que la Justicia había considerado nuevamente que hubo genocidio en el país.

El fuego sagrado de los mayas que prendieron a las afueras de la Mega Sala se fue extinguiendo conforme se retiraron las personas que aguardaron en la calle las casi tres horas de lectura de sentencia.

A los gritos que celebraron que el Tribunal haya afirmado que «sí hubo genocidio» y los señalamientos de «asesino» a Rodríguez, le dio paso el frío y la oscuridad que, al salir absuelto, solo fue interrumpida por las luces de las cámaras que grabaron el momento.

El genocidio guatemalteco, en su epílogo, dejó la interrogante de los culpables, pese a la sentencia nula de cinco años atrás que certificó al fallecido Ríos Montt como uno de sus responsables.

Los que niegan el genocidio

El presidente del Congreso de Guatemala, Álvaro Arzú, aseguró hoy que no hubo genocidio en Guatemala y pidió «terminar con ese perverso negocio que tanto daño le ha hecho al país».

«La única razón de seguir diciendo que Guatemala es un país genocida es para que continúen los resarcimientos y financiamientos millonarios hacia las ONG y sus dueños», publicó el legislador en su cuenta de Twitter.

Manifestó que «es momento de terminar con ese perverso negocio que tanto daño le ha hecho al país» y publicó una imagen que dice: «En Guatemala no hubo genocidio».